Campesinos Y Cultivos De Narcóticos En Sinaloa.

Sinaloa es el principal punto de referencia para explicar la problemática derivada de cultivos de narcóticos en México; lo es para ubicar su origen, como problema social, también para entender las políticas del Estado que intentan atacar la oferta internacional de drogas. 

Incuestionablemente, el cultivo intensivo de mariguana y amapola a casi un siglo de su prohibición en México y a unos cuantos años menos de su cimentación en la sierra de Sinaloa, ha transformado la forma y calidad de vida de los campesinos de estos lugares.

Sin la producción ilícita de narcóticos y ante la indiferencia del Estado en solucionar los problemas por los que transitan desde tiempos inmemorables los habitantes de las zonas marginadas del país, las condiciones actuales de sobrevivencia de los campesinos que viven del cultivo de drogas en Sinaloa no sería diferente a los de otras entidades federativas, en donde los programas oficiales de rescate o que tienden a paliar los efectos de la pobreza extrema se pierden en el camino o sólo llegan de manera fragmentada en relación a lo que se contempla y autoriza desde los espacios centrales. 

Adicionalmente, al resultar insignificativos e insuficientes para modificar las condiciones de vida de sus destinatarios, tampoco resultan atractivos ni bastantes para disuadir a los campesinos productores de narcóticos de abandonar sus prácticas ilícitas y optar por regresar a sus cultivos originarios u otras actividades de carácter legal.

La gran mayoría de los nuevos campesinos nacieron cuando los cultivos ilícitos ya se habían cimentado o estaban fortaleciéndose; por ello, esta ocupación monopólica ilegal la conciben como una actividad normal que les permite escalar posiciones sociales, no sólo de carácter financiero; vivir y la generalidad de las veces hacerlo bien; es lo mejor y casi siempre lo único que saben hacer y, aunque quisieran optar por otras alternativas no las hay; si las hubiera cualquiera resultaría menos riesgosa pero ninguna tan rentable; la mariguana y la amapola forman parte así de su historia, de su economía y de su cultura. 

Por ello, no resulta extraordinario sino cotidiano el que los campesinos sean ahora unos verdaderos expertos en aprovechar todas las ventajas que los plantíos ilícitos ofrecen, el que se hayan perfeccionado las técnicas de cultivo y que las aportaciones de la ciencia impacten significativamente el proceso de producción.

Sin embargo y olvidándose un poco de la ilicitud en el origen de los recursos con los que sobreviven los habitantes de las áreas serranas de Sinaloa, los perjuicios superan a los beneficios generados por los cultivos ilícitos.

a) El control de las organizaciones criminales.

En este rubro, la situación que prevalece en estos momentos en las áreas serranas del Estado de Sinaloa, no puede ser peor; de algunos años a la fecha y más que como un efecto de la guerra del Estado en contra del crimen organizado sino por las fragmentaciones derivadas de las pugnas internas y reacomodos de los grupos delincuenciales organizados que operan en Sinaloa, hoy más que en cualquier otro momento, el territorio del Estado se encuentra dividido y siendo escenario de enfrentamientos violentos y de consecuencias catastróficas para toda la población. Muchos de estos eventos, por el aislamiento de la zona donde se generan o por los riesgos que implican, no son reseñados por los medios de comunicación o son difundidos de forma deficiente; tampoco son contabilizados en las estadísticas del Estado. Como es tierra de nadie, ellos mismos buscan su justicia, celebran sus victorias, hacen el recuento de daños y lloran a sus muertos. 

Como una cuestión paralela pero no por ello irrelevante, a partir de esta fragmentación, en algunas áreas serranas del Estado, el campesino tiene que aportar para la organización que controla el lugar, un porcentaje del narcótico que cosecha. Esta forma de extorsión no es generalizada y sólo prevalece en algunas de las regiones altas de Sinaloa; el porcentaje de la cosecha de drogas que ceden gratuitamente a la organización criminal, como pago de impuestos por cultivar mariguana o amapola, oscila entre el 10 y el 20% del total de los narcóticos que producen.[1] 

Hoy día, a muchos de estos lugares no se puede ingresar sin salvoconducto; desde que se abandona la periferia de las zonas urbanas más próximas, una serie de jóvenes contratados por la organización criminal –halcones–, a través de radios de comunicación, avisan sobre la presencia de la autoridad, de cualquier desconocido o grupo de personas extrañas; a la autoridad la burlan y a los desconocidos, si el jefe lo ordena, se organiza una célula criminal de reacción para salirles al paso, obligarlos a que se identifiquen y a que justifiquen su presencia en la zona; a veces los mismos habitantes de estas áreas, tienen que pasar dichos filtros o retenes de revisión.

Son los que, por la fuerza de las armas, controlan y gobiernan en el lugar aún y cuando el actual régimen se esfuerce en negar la realidad; como la presencia del Estado no existen estos lugares ni siquiera puede hablarse de poderes paralelos.

b) Los niños del narco.

Es curioso observar como, los beneficios económicos propiciados por los cultivos ilícitos durante las últimas décadas, no han sido factor para acabar con rezagos educativos ancestrales.

Los altos porcentajes de deserción escolar de los períodos de antaño siempre fueron justificados en la necesidad de sobrevivencia; antes de estudiar había que comer, pero ahora que se puede accesar a los satisfactores elementales a través de la producción de drogas, el número de niños que no concluyen satisfactoriamente su educación primaria o que abandonan sus estudios de nivel elemental se conserva igual o peor. 

Este fenómeno de abandono temprano de la educación elemental de los niños en edad escolar, no se funda ahora en las condiciones de pobreza extrema que caracterizaron durante décadas estas zonas altas del Estado, pero la explicación no está exenta tampoco de las razones económicas; si en antaño era por insuficiencia económica, ahora parece ser todo lo contrario, si se estudia para mejorar la calidad de vida del sujeto, ésta se puede alcanzar más rápido a través de una buena cosecha de drogas, lo que se puede hacer desde edades prematuras y para lo cual tampoco se demandan conocimientos especiales que sólo a través de la preparación escolar se puedan obtener; es común que el padre que los obligaba abandonar la escuela para llevarlos a los valles agrícolas a cosechar tomate o cualquier otra hortaliza, ahora los distraiga para que le auxilien en las tareas de cultivos de narcóticos, ello para el caso de que el adolescente no emprenda dicha actividad por cuenta propia.

Así entonces, la bonanza económica no ha propiciado tampoco que los actuales padres de familia se ocupen de que las nuevas generaciones se preparen profesionalmente para un futuro distinto al cultivo de narcóticos; por el contrario, según cifras del Gobierno del Estado, el promedio general de estudios se encuentra estancado en la media de la educación elemental. 

Más que el alto porcentaje de deserción escolar que evidencian, son indicativas también de un problema que empezó a manifestarse desde hace ya algunas décadas por el abandono que los habitantes de estos lugares han sido objeto desde siempre, la sierra de Sinaloa no sólo produce hoy narcóticos, muchos de esos niños y adolescentes intentan desde ahora ser en el futuro cercano los grandes narcotraficantes que enfrentarán y le cobrarán al mismo Estado su abandono, tal y como lo hacen los que ahora son perseguidos por éste.[2] 

c). Producción de drogas y conexidad delictiva.

Los campesinos de la sierra de Sinaloa son explotados por los que controlan el comercio ilícito de narcóticos de muchas maneras, tal y como se asentaba en párrafos precedentes, incluso de nuevas formas que sólo pueden realizarse al amparo del abandono del Estado y de la marginalidad cultural y aislamiento de que son objeto.

Así, las nuevas generaciones de campesinos productores de drogas en el Estado de Sinaloa, aprovechando el aislamiento geográfico de la región y ante la ausencia de las autoridades estatales competentes, a su modo, intentan disfrutar de los beneficios urbanos, aunque para ello sean nuevamente manipulados y explotados en su condición por los delincuentes organizados.

Aún y cuando la cosecha de narcóticos sea abundante y a mayoría de razón si resulta escasa, adquieren a sabiendas y a través de los que controlan el tráfico de drogas, camionetas nuevas que han sido robadas en alguna ciudad del país o en el extranjero a precios muy inferiores a las de procedencia legal; estos vehículos sólo son utilizados en sus lugares de origen y áreas aledañas, esporádicamente en alguna ciudad en donde exista algún tipo de control sobre las autoridades locales por parte de quien les comercializa la mariguana y amapola para no correr mayores riesgos.

d). La fabricación de drogas sintéticas en la sierra sinaloense.

Otro aspecto al que hay que prestar atención, es la cada vez más recurrente instalación de laboratorios clandestinos para la elaboración de distintos tipos de drogas en estas regiones.

Si bien dicha situación resultaba recurrente hasta antes de la Operación Cóndor en los años setentas, potenciada por la alta producción de goma de opio que había que trasformarse en heroína,[3] para lo cual se aprovecha también el aislamiento de la zona; ahora, estos espacios clandestinos no sólo se aprovechan para la transformación de los narcóticos que en estas áreas se cosechan, sino para la fabricación de drogas sintéticas o de diseño que no tienen un principio activo natural sino que se fabrican partiendo de la modificación molecular de ciertas sustancias químicas esenciales, lo que hasta ahora resultaba ajeno para estas regiones.

La anterior circunstancia llevó a la Secretaría de la Defensa Nacional a reconocer, que, en Sinaloa, se ubican y destruyen en promedio uno de cada diez narcolaboratorios, lo que se traduce en el 10% de la media nacional.

Es incuestionable la existencia de una relación directa entre la construcción y operación de estos narcolaboratorios como centros especializados para la producción de drogas sintéticas ajenos al cultivo de la mariguana y de la amapola en las áreas rurales de Sinaloa y los habitantes de las mismas; los primeros contribuyen ahora a ampliar las actividades ilícitas que están desarrollando las nuevas generaciones de jóvenes y adolescentes oriundos de estos lugares que son empleados en estas tareas y, consecuentemente, propician un aumento considerable de la presencia de las autoridades federales –Ejército y Marina–, que intentan inhibir dicho fenómeno, con la cuota de violencia que trae implícita.

Vivir al límite, aunque mueras joven, parece ser la regla que prevalece, por todas las circunstancias apuntadas, y por la que transitan las nuevas generaciones en esta zona; lugar en donde el Estado, más allá de la presencia represiva que mantiene desde hace décadas, no existe. 

[1]Por razones de extrema seguridad para las fuentes de información, estimo pertinente no asentar siquiera el nombre de la comunidad y del municipio de Sinaloa en donde fueron recogidos estos datos, únicamente precisaré en función de la seriedad y exigencias de la investigación, que los territorios controlados totalmente por esta organización criminal se ubican en la parte centro y norte del Estado. 

[2] El ejemplo que mejor ilustra, mas no el único ya que existen otros casos que ayudarían también a reflejar de buena manera dicha realidad, recae en la persona del narcotraficante Rafael Caro Quintero; oriundo de la comunidad de La Noria, municipio de Badiraguato en Sinaloa, jefe de una organización criminal, sentenciado también por homicidio en contra de un agente de la DEA y, curiosamente, cursó estudios elementales hasta el tercer grado de primaria. 

[3]En función de que para la elaboración de heroína sólo se requiere determinadas sustancias básicas y mucha agua, con frecuencia durante los años setentas, se desmantelaban laboratorios rústicos en la sierra de Sinaloa asentados en las riberas de los ríos o en cualquier cauce de aguas corrientes. 

*Oscar Báez Soto, Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Profesor Normalista, con Mención Honorífica, por la Escuela Normal Rural “Plutarco E. Calles”, El Quinto, Etchojoa, Son. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Maestro en Ciencias Penales y Política Criminal, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, titulación automática por promedio académico. Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal con Mención Honorífica por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y Doctor en Derecho Penal.