Cannabis en Uruguay: ¿De una política tolerante a una represiva?

La legalización de las drogas en Uruguay comenzó a plantearse en la década de los noventa y fue adquiriendo resonancia de forma gradual desde entonces. En 2001, el presidente Jorge Batlle (del derechista Partido Colorado) planteó de forma pública y privada la legalización de las drogas en el país y durante su mandato (2000-2005) se impulsaron diferentes medidas de reducción de daños.[1] No obstante, el tema adquirió fuerza en 2005, con la llegada al poder del primer gobierno progresista encabezado por Tabaré Vázquez (2005-2010). A partir de ese momento, activistas comenzaron a organizarse para reclamar públicamente el derecho al consumo seguro y a exigir que cesaran las detenciones y la persecución de los usuarios de sustancias ilícitas. En 2011 se produjo un clamor social ante las detenciones de la sexagenaria Alicia Castilla y el artesano Mauricio Balitzki por cultivar cannabis en su domicilio, lo cual catalizó las demandas de organizaciones no gubernamentales, académicos y jóvenes políticos por la descriminalización del cultivo en el hogar y la portación de pequeñas cantidades para uso personal.[2]Con estas detenciones como piedra de toque, comenzaron a celebrarse diferentes reuniones para debatir la situación del consumo, el narcotráfico y la seguridad en el país, hasta que en 2013, durante el mandato de José Mujica (2010-2015), se aprobó el proyecto de ley que regula el cannabis para uso adulto, industrial y medicinal. 

Tras sancionar la Ley N.º 19.172, conocida como “Ley de Regulación de la Marihuana y sus Derivados”, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en regular el cannabis para consumo no medicinal a nivel nacional. El mercado del cannabis se encuentra regulado por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), cuya finalidad es la de promover y proponer acciones dirigidas a reducir los riesgos y daños asociados al uso problemático de cannabis y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley.[3] Esta legislación busca proteger y mejorar la salud pública mediante la reducción de los riesgos y daños a la salud asociados al uso del cannabis y disminuir la violencia relacionada con los mercados de drogas clandestinos.[4]Asimismo, con la aprobación de esta ley se buscó aprovechar los impuestos generados con la venta del cannabis para financiar programas de educación, tratamiento y prevención del trastorno por uso de sustancias.

En la actualidad, quien desea adquirir cannabis de forma legal necesita registrarse en las oficinas del Correo Uruguayo, ser mayor de edad y ciudadano uruguayo o residente permanente en el país. La ley contempla tres vías de acceso a la marihuana legal: 1) cultivo doméstico, 2) clubes de membresía y 3) adquirentes en farmacias. El cultivo doméstico está destinado únicamente al uso personal o compartido en el hogar, se pueden cultivar hasta 6 plantas de marihuana hembra por hogar y la cosecha no puede superar los 480 gramos al año. Los clubes de membresía deben tener entre 15 y 45 miembros, su cultivo está limitado a 99 plantas hembra y la cosecha no debe superar los 480 gramos por socio al año. En la red de farmacias asociadas se pueden adquirir hasta 10 gramos por semana y 40 gramos por mes.[5]Según la última actualización del IRCCA, hasta abril de 2021, 62,667 personas se habían inscrito en las oficinas de correos; 12,386 para cultivo doméstico, 45,129 para adquirir cannabis en la red de farmacias y 5,152 como miembros de clubes (171 clubes en total).

El registro en las oficinas del Correo Uruguayo para proveerse de marihuana legal se introdujo como medida de rastreo o trazabilidad para lidiar con las oposiciones de los países vecinos que continúan sancionando el consumo.[6]Sin embargo, durante los debates que condujeron a la regulación de la marihuana, una de las principales preocupaciones por parte de activistas y usuarios como Alicia Castilla, era la posibilidad de que las autoridades pudieran usar el registro para reprimirlos o estigmatizarlos.[7]Aunque la ley se promulgó en 2013, la red de farmacias asociadas comenzó a funcionar en 2017, esencialmente como consecuencia de la falta de voluntad política y de las dificultades que supuso montar y poner en marcha el primer mercado de marihuana regulado a nivel mundial. Por eso, durante los primeros años del mercado regulado en Uruguay, buena parte de los usuarios recurrieron al autocultivo y los clubes de membresía para abastecerse de marihuana. Durante estos primeros años y hasta la fecha ha sido bastante común que las autoridades policiales realicen allanamientos o registros en los domicilios de personas sospechosas de sobrepasar los límites al autocultivo, incumpliendo así la ley de regulación del cannabis. 

¿Se está transitando de una política tolerante a una represiva?

En muchos de los casos que se han dado a conocer en medios en los últimos años, las víctimas de los allanamientos denuncian un uso excesivo de la fuerza policial y que no se siguieron los protocolos de actuación, como que la marihuana no se pesó adecuadamente o que el imputado no estaba presente en el momento en que se pesó. Mientras tanto, las autoridades señalan que se excedían los límites al autocultivo por unas cuantas plantas, unos pocos gramos o que no se contaba con un registro en el Correo. Además, desde hace meses el Ministerio del Interior (del que depende la policía) ha buscado acceder al registro de cultivadores para perseguir a los pequeños infractores.[8]Esto, a pesar de que esta tarea corresponde al IRCCA y de que la ley 19.172 establece que la identidad de los titulares de los actos de registro es un dato sensible, de forma que ninguna persona puede ser obligada a proporcionarlos; además de que el registro se encuentra debidamente custodiado con llaves digitales y de que solo se puede acceder con la orden de un juez en el marco de una investigación judicial. 

Las infracciones a las normas de licencias se sancionan dependiendo de la gravedad de la infracción y los antecedentes del infractor. Las sanciones pueden aplicarse acumulativamente y son: apercibimiento, multa, decomiso o destrucción del cultivo o la cosecha, suspensión del infractor en el registro, inhabilitación temporal o permanente y clausura parcial o total, temporal o permanente de los establecimientos o locales.[9]Además, carecer de registro o superar los límites autorizados por la ley no necesariamente supone una tenencia punible. Si se comprueba que el cultivo está destinado al uso personal y no a una actividad de tráfico, la tenencia no supone un delito. En este marco, algunos cultivadores, como los que conforman la Federación Nacional de Cannabicultores del Uruguay, han denunciado la implementación de prácticas represivas ante las “dificultades burocráticas” que supone montar un club cannábico.[10] 

En los últimos años, las autoridades uruguayas han priorizado la persecución de personas que cultivan marihuana y el microtráfico sobre las actividades del crimen organizado y los delitos que verdaderamente laceran a la sociedad uruguaya.[11] No obstante, el actual gobierno (del liberal Partido Nacional) puede repercutir en el avance de la política de drogas en el país y en la estrategia del modelo de regulación. El presidente Lacalle Pou ha manifestado estar en contra del registro y el secretario de la Junta Nacional de Drogas se ha pronunciado a favor de permitir la venta de marihuana a extranjeros y de cannabis con mayores cantidades de THC.[12] 

Han transcurrido ocho años desde que Uruguay reguló el mercado de cannabis y aunque la discusión parecía superada, en este momento la política de drogas en el país enfrenta un embate que podría significar un retroceso mayúsculo. En ningún momento, en ningún lugar del mundo, ni el encarcelamiento, ni la persecución de los productores y usuarios han demostrado ser medidas efectivas para disminuir el tráfico o el uso de sustancias. Por eso resulta fundamental que las autoridades sean coherentes y actúen conforme a derecho. Además de que el cultivo de cannabis para uso personal no supone un riesgo para la seguridad pública. 

Diversos aspectos del modelo de regulación uruguayo necesitan ser reevaluados. Durante su implementación, el gobierno encontró distintos obstáculos nacionales e internacionales que empedraron el camino. Los problemas que surgieron con relación a la falta de suministro de cannabis en las farmacias, el autocultivo o los clubes de membresía ya han sido superados. No obstante, la persecución y el acoso a los cultivadores y usuarios de cannabis representan violaciones a los derechos humanos y suponen una contradicción al espíritu de la ley N.º 19.172 de 2013. Una posible forma de abordar este problema es mediante el incremento de las cantidades máximas de compra, cultivo y cosecha de marihuana. En 2013 Uruguay sembró las bases para una reforma global de la política de drogas. En 2021 deberá frenar el retroceso para seguir liderando el urgente proceso de reforma. 

[1] Garat, Guillermo (2015). El camino: cómo se reguló el cannabis en Uruguay según sus actores políticos y sociales. Montevideo: Junta Nacional de Drogas y Friederich Ebert Stiftung.

[2] Ibídem. 

[3] Ley 19.172 de 2014. Marihuana y sus derivados. Control y regulación del Estado de la importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución. 7 de enero de 2014. D.O. No. 28878. 

[4] Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (julio de 2020). Regulación y control del cannabis. https://www.impo.com.uy/regulacioncannabis/  

[5] Junta Nacional de Drogas. (diciembre de 2019). Monitoreo y evaluación de la ley 19.172: Aplicación justa de la Ley y Seguridad y Convivencia. Montevideo: Junta Nacional de Drogas y Observatorio Uruguayo de Drogas. 

[6] Garat, Guillermo (2015). El camino: cómo se reguló el cannabis en Uruguay según sus actores políticos y sociales. Montevideo: Junta Nacional de Drogas y Friederich Ebert Stiftung.

[7] Krishna Andavolu (2013). The Cannabis Republic of Uruguay [Video]. Vice. https://www.vicetv.com/en_us/video/the-cannabis-republic-of-uruguay/5595703a2775809e608a3e9f 

[8] La diaria. (9 de marzo de 2021). Ministerio del Interior insiste en acceder a datos de autocultivo del Ircca, pero la ley prohibe compartir esa información. https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/3/ministerio-del-interior-insiste-en-acceder-a-datos-de-autocultivadores-del-ircca-pero-la-ley-prohibe-compartir-esa-informacion/ 

[9] Ley 19.172 de 2014. Marihuana y sus derivados. Control y regulación del Estado de la importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución. 7 de enero de 2014. D.O. No. 28878. 

[10] Montevideo Portal. (n.d.) ¿Y por las farmacias cómo andamos? Allanamiento a club de marihuana despertó duras críticas de los cultivadores. https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Allanamiento-a-club-de-marihuana-desperto-duras-criticas-de-los-cultivadores-uc332799 

[11] Bauden, Marcos. (2018). Línea de base para la evaluación y monitoreo de la regulación del cannabis recreativo en Uruguay. Monitor Cannabis. https://www.researchgate.net/publication/323549695_Linea_de_base_para_la_evaluacion_y_monitoreo_de_la_regulacion_del_cannabis_recreativo_en_Uruguay 

[12] Pérez, Mauriciao. (23 de abril de 2021). Daiel Radío y el consumo regulado de cannabis. “Quiero insistir en que nadie va a desmontar nada”. Brecha. https://brecha.com.uy/quiero-insistir-en-que-nadie-va-a-desmontar-nada/ 

El Observador. (3 de agosto de 2020). Lacalle Pou anunció que firmará dos decretos para exportar cannabis medicinal. https://www.elobservador.com.uy/nota/lacalle-pou-anuncio-que-firmara-dos-decretos-para-exportar-cannabis-medicinal-2020831966 

Viviana Porto* es estudiante de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), diplomada en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y maestra en Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa por la Universidad Federal Fluminense (UFF) de Río de Janeiro. Anteriormente se desempeñó como investigadora en el área de políticas de drogas y seguridad ciudadana en el Instituto Igarapé de Brasil.

Raúl Bejarano* es alumno de segundo año del doctorado en Investigación Interdisciplinaria en Uso de Sustancias de la Universidad de California en San Diego (UCSD). Antes trabajó como Research Fellow en el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en su Región Centro. Es licenciado en ciencias políticas y administración pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en ciencias políticas por el CIDE. Sus intereses de investigación se centran en delincuencia organizada, mercados ilícitos, reducción de daños y derechos humanos.