Coaliciones interesadas en política de cannabis México 2009-2020

En este escrito pretendo identificar y caracterizar a las coaliciones de organizaciones de sociedad civil que han estado interesadas en cambiar la política de cannabis de México, así como sus discursos y demandas. El proceso de cambio ha tenido dos reformas en los últimos doce años y se perfila una tercera próximamente. Estos cambios pueden responder a distintos factores: el partido que gobierna a nivel federal; la reforma en derechos humanos de 2011 o los resultados fallidos de una estrategia de guerra contra las drogas. Sin embargo, ninguno de los tres hubiera sido suficiente sin los colectivos de personas usuarias, pacientes y organizaciones de sociedad civil que han acompañado estos procesos con distintos repertorios socio-legales y diversas demandas que han hecho imposible ignorarlos. 

Este proceso se analizará en tres etapas, una por cada administración federal. La primera etapa tuvo su punto culminante en 2009 cuando se realizaron las primeras reformas a la Ley General de Salud (en adelante LGS), al Código Penal Federal (en adelante CPF) y al Código Federal de Procedimientos Penales (en adelante CFPP) que incluyeron tablas de portación máxima para diferenciar a las personas que portan cannabis para uso personal de quienes portan para realizan actividades de narcomenudeo y narcotráfico. La segunda etapa vivió su clímax en 2017 cuando se modificaron nuevamente la LGS, el CPF y el CFPP para permitir el uso y comercio de medicamentos hechos a base de cannabis. La tercera parece encontrarse actualmente en la cresta de la ola ya que las comisiones que dictaminan la iniciativa en la Cámara de Senadores ya aprobaron en lo general un proyecto que de ratificarse en el pleno de ella y en la Cámara de diputados significaría un nuevo cambio que permitiría tres tipos de acceso a la cannabis para uso personal. 

A continuación señalo las organizaciones más representativas que se crearon en cada etapa así como sus demandas, posteriormente presento la manera en que se han agrupado y las características de cada coalición.

Primera etapa

Las tres primeras organizaciones que aparecen son México Unido Contra la Delincuencia (en adelante (MUCD), Espolea y el Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (en adelante CUPIHD). La primera de ellas nace como respuesta a los problemas de seguridad del país, han creado programas de atención a víctimas, cultura de la legalidad y política de drogas. La segunda fue una organización de jóvenes enfocados en temas de juventudes, género, tratamientos a personas con VIH, y drogas. Por último, CUPIHD se enfocó en la investigación, la educación, la acción y la difusión orientada a transformar la cultura y las políticas de drogas bajo un enfoque de reducción de riesgos, además, impulsó tres iniciativas que planteaban reformar la política de cannabis para permitir el uso medicinal, personal e industrial. 

Sin embargo, en esta primera etapa, la reforma que se aprobó, aunque incluyó toda una estructura de tratamiento a personas usuarias, también involucró a las policías estatales en el combate al narcotráfico. Las consecuencias fueron el aumento de la violencia que detonó el surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (en adelante (MPJD) en 2011, la reforma en derechos humanos del mismo año y finalmente el reconocimiento del presidente de que la política de guerra contra las drogas falló. En la parte final de esta etapa la estrategia del MUCD cambió al adoptar una visión favorable a la regulación, además, surgen otras organizaciones y colectivos como la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis (en adelante AMECA) y ReverdeSer Colectiva, la primera con miembros de CUPIHD y la segunda con activistas del MPJD. 

Segunda etapa

La reforma a la ley de amparo de abril de 2013 buscó armonizar este instrumento con la reforma de derechos humanos de 2011. Esto abrió la posibilidad de comenzar dos procesos de litigio estratégicos ambos gestionados por MUCD y el Centro Estratégico de Impacto Social (En adelante CEIS). El primero lo emprendieron miembros de MUCD a través de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerable (en adelante SMART) con el objetivo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalara la inconstitucionalidad de la LGS por impedir el derecho al libre desarrollo de la personalidad de quien consume. En el segundo, MUCD y CESIS acompañaron a los padres de Grace Elizalde, una niña que necesitaba importar un medicamento a base de cannabis pero que le era negado. En 2015 la SCJN falló a favor de ambos casos.

Las respuestas dadas por la SCJN dinamizaron el proceso legislativo, las organizaciones con mayor experiencia como MUCD, CUPIHD y Espolea -que poco después desaparecería- tuvieron la posibilidad de participar en los espacios de reflexión creados por legisladores. En esta etapa también aumentó el número de organizaciones. Si bien Espolea desapareció, sus miembros fortalecieron a otras organizaciones como MUCD, y ReverdeSer Colectiva, además, propiciaron el surgimiento del Programa de Análisis de Sustancias (en adelante PAS) y la Brigada de política de drogas. Asimismo, surgieron diversas organizaciones como Estudiantes por una Política Sensata de Drogas México (en adelante EPSD), la Biblioteca Cannábica, el Club Cannábico Xochipilli, además del periódico La Dosis y la revista Cáñamo entre otras. Por su parte, el permiso concedido a Grace ocasionó el surgimiento de varias organizaciones de pacientes como Por Grace, Autocultivo Medicinal en México, Familias y retos extraordinarios, Bienvenido a Holanda, Mamá Cultiva México y Cannativa.

Tercera etapa

En la última etapa el proceso de cambio se volvió a dinamizar a partir de cuatro nuevos fallos de la SCJN en 2018 que sentaron jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de cinco artículos de la LGS que violan el derecho al libre desarrollo de la personalidad de quien consume cannabis. Ello impuso un plazo de 90 días hábiles –que ha tenido dos prórrogas- para que el poder legislativo modificara los cinco artículos de la LGS que habían sido declarados inconstitucionales. A partir de ese momento comenzó una etapa de parlamento abierto donde a través de cafés temáticos, y muchos foros se ha discutido el modelo regulatorio que México debe adoptar. 

También se presentaron dieciséis iniciativas, una de ellas de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien en su breve paso por el Senado, la elaboró con la participación de varias personas de organizaciones como MUCD, CUPIHD, AMECA, ReverdeSer, AMEM, entre otras. Al mismo tiempo, desde septiembre de 2019 los martes y jueves, días que sesionan los senadores, colectivos de personas usuarias y activistas comenzaron a instalar un plantón para exigir que ya regulen el cual desde febrero de 2020 se volvió permanente.

Las coaliciones en torno a la regulación del cannabis en México

En la primera etapa las tres principales organizaciones tenían objetivos y estrategias distintas, MUCD enfocada en seguridad y cercana al gobierno, Espolea interesada en los derechos de las personas jóvenes y reducción de riesgos y CUPIHD orientada en investigación y en incidir para cambiar la política de cannabis. Sus estrategias no empiezan a estar coordinadas sino hasta el final de esta etapa cuando MUCD adopta la regulación de las drogas como parte de sus objetivos para mejorar la seguridad. Además, el surgimiento del MPJD creó organizaciones que consideran el cambio de política de drogas una necesidad para construir paz.

En la segunda etapa se comienzan a reconocer tres grupos temáticos aunque con estrategias distintas: el primero conformado por organizaciones que ven en el cambio de la política de cannabis una forma para construir paz; un segundo grupo interesado de organizaciones de pacientes y familiares interesados en los usos medicinales de la planta; por último un grupo cada vez más amplio de organizaciones de personas usuarias interesadas en el reconocimiento de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

En la última las organizaciones de sociedad civil interesadas en el cambio en la política de cannabis se han concentrado en dos coaliciones: el Movimiento Cannábico Mexicano y la Coalición Regulación por la paz. Los principales referentes del Movimiento Cannábico Mexicano son AMECA, la Biblioteca Cannábica, el Club Xochipilli, EPSD, la revista Cáñamo y el periódico La Dosis. Ellos han realizado manifestaciones públicas en varios sitios simbólicos de la capital, sus objetivos son: eliminar el registro de semillas y de personas usuarias, el límite al cultivo de plantas, el delito de posesión simple y trato digno para quien consume. Por su parte, las principales organizaciones que conforman la coalición Regulación por la paz son MUCD, ReverdeSer, AMEM, Familias, Retos extraordinarios, entre otras. Ellas se han acercado a legisladores a través de los espacios formales de participación que se han tenido durante el proceso legislativo. Si bien, son cercanas al movimiento cannábico, en cuanto a compartir su agenda sobre derechos de personas usuarias y autocultivo, se distinguen de él porque también están interesados en que la regulación tenga como principio rector la justicia social. Consideran que debe privilegiar a las comunidades campesinas, a los pacientes y crear industria nacional fuerte.

Comentarios finales

Las organizaciones que han acompañado el proceso de cambio de la política de cannabis han crecido y se han diversificado con el paso de los años. Si bien en un inicio de las tres organizaciones que analizamos solo una estaba involucrada directamente con el tema de política de drogas, esto cambió al finalizar el primer periodo cuando los temas de las otras dos se vieron intersectados por los efectos producidos por una política que aumentó la violencia, en especial hacia las personas jóvenes. Además, los cambios legales y fallos de la SCJN propiciaron el surgimiento de más colectivos y organizaciones, que si bien comparten posturas en cuanto a los derechos de las personas usuarias se diferencian en cuanto al papel transformador que debe tener la política en la reparación del daño, justicia social y construcción de paz.

Por último, más allá del alcance o la responsabilidad que para las dos coaliciones debe tener la nueva ley de cannabis, se debe reflexionar en las capacidades técnicas y de convocatoria que cada una tiene, Regulación por la paz posee conocimiento especializado, característico de las organizaciones de sociedad civil, por su parte, el Movimiento Cannábico Mexicano ha logrado a base de manifestaciones públicas atraer a medios de comunicación y personas usuarias, lo que puede verse como las dos pistas por las que corre el cambio en la política de cannabis. La distancia que haya entre ambas puede significar el alcance de este nuevo cambio. 

*Adrián Jiménez Sandoval:

Es presidente de Cannabis libre A.C. y colaborador en el área de incidencia política en ReverdeSer Colectiva. Es politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en Ciencias Sociales por la FLACSO México, actualmente estudia el doctorado en Estudios Políticos y Sociales en la UNAM. Sus principales líneas de investigación son: movimientos sociales, organizaciones de sociedad civil e incidencia política.