Criminalización del consumo de drogas en ámbitos escolares

La policía en las escuelas: Un fenómeno a nivel regional.

En muchos países de la región, la preocupación por la seguridad y la disciplina escolar ante el incremento del consumo de algunas drogas y la presencia del microtráfico en los entornos escolares, ha sido abordada bajo la lógica del prohibicionismo y la tolerancia cero. Estas políticas privilegian las intervenciones policiales, aun cuando se ha demostrado que lo punitivo tiene efectos contraproducentes cuando se trata de “erradicar” las drogas, produciendo más daños que logros: encarcelamientos masivos, violencias de todo tipo, violación de derechos humanos y un largo etcétera. 

El ámbito educativo vive el despliegue de políticas que criminalizan a los adolescentes a través de intervenciones policiales que los exponen tempranamente ante la autoridad por cualquier acto u ofensa considerada riesgosa o desviada. En la región, el abordaje penal en ámbitos educativos se ha desarrollado bajo una retórica punitiva protectora de la juventud con algunos casos que resultan paradójicos en países como Ecuador, Perú, México y Bolivia, entre otros. 

Para el caso de Ecuador, la campaña “Revolución Preventiva” en la provincia de Guayas, ha promovido la presencia de la policía dentro los establecimientos educativos con el fin de registrar las pertenencias personales de los estudiantes para prevenir el consumo de drogas y el microtráfico. En la provincia del Callao en el Perú, la iniciativa policial denominada “Tutor policial”, ha promovido la presencia de policías al interior de las escuelas para labores de orientación vinculados a los valores y el respeto (léase disciplina). En México desde el año 2001 en Iztapalapa en Ciudad de México, se inició con lo que más tarde sería el programa Mochila Segura, que consiste en la revisión de las mochilas de los estudiantes por parte de efectivos policiales.

En Bolivia, el año 2015 surgió el operativo policial denominado también Mochila Segura, donde la policía ingresa a las escuelas para requisar las pertenencias, celulares y brazos de los estudiantes de secundaria, a pedido de las juntas vecinales y directores de las unidades educativas, como respuesta ante el microtráfico en los alrededores. El plan Mochila Segura se hizo extensivo a todo el país y es ejecutada en conjunto con la Policía y el personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia cada año en escuelas fiscales, privadas y de convenio.

El plan tuvo un éxito mediático y encontró apoyo entre profesores y padres de familia, a pesar de que surgieron algunas tímidas críticas a su implementación en los primeros años. No obstante, ninguna organización defensora de Derechos Humanos se pronunció al respecto y a la fecha no existe ninguna evaluación sobre los impactos de las requisas y sus resultados no han sido sistematizados a raíz de la evidencia y los debates académicos en torno a la prevención del consumo de drogas. Tampoco se ha discutido su valoración ética o su impacto en la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Algunos elementos para problematizar la prevención policial en las escuelas desde el caso boliviano.

A modo de explicar brevemente las características y condiciones de las estrategias de prevención basados en la tolerancia cero y la presencia policial en las unidades educativas de la ciudad de Cochabamba, hemos agrupado las mismas en cuatro elementos analíticos que explican en gran medida, el desarrollo del fenómeno en la región. Actualmente, y como parte de una investigación en curso, se está trabajando en determinar los efectos que tienen las intervenciones policiales en la prevención escolar de drogas en adolescentes. 

El primer elemento identificado tiene que ver con la formación y atribuciones de la Policía como institución encargada de la lucha antidrogas. Las políticas de seguridad han apostado por el protagonismo policial en materia preventiva a través de campañas en el territorio; charlas informativas, campañas de concientización, capacitación y asesoramiento en escuelas y universidades con el fin de promover la abstinencia y perseguir a los usuarios de drogas. 

A pesar de su rol central en la prevención, la formación policial mantiene y reproduce errores de comprensión sobre el uso y abuso de drogas (dos cosas muy diferentes), asentadas en prejuicios morales y percepciones de riesgo vinculadas a la delincuencia, violencias y pandillas juveniles problemáticas. La prevención así considerada se convierte en sospecha, promoviendo el contacto directo con los adolescentes de forma autoritaria. En los operativos a los cuáles participamos como observadores, se ha visto que las policías entran a las aulas de forma sorpresiva, armados y acompañados de canes antidroga, lo que evidencia la desproporcionalidad de las intervenciones y la criminalización de los estudiantes. 

El segundo elemento son las políticas de tipo “tolerancia cero” presentes en las políticas de educación y que se traducen en respuestas contundentes hacia la violencia escolar, delitos y agresiones, compra, venta y consumo o tenencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias controladas, armas y material pornográfico[1]. La búsqueda por una disciplina escolar basada en el castigo, merece mayores investigaciones para establecer los impactos que tiene en el régimen de expulsiones y suspensiones de los estudiantes infractores y en su exposición al sistema de justicia penal. Existe abundante literatura científica que demuestra que las sanciones drásticas a conductas consideradas ofensivas, no cambian el comportamiento de los jóvenes sino producen todo lo contrario; falta de credibilidad en el proyecto educativo, resentimiento hacia los adultos que lo imponen y actitudes de oposición frente a las reglas y la sociedad (Skager 2013). 

Otro aspecto preocupante son los estigmas que generan las intervenciones. Se ha repetido en varios de los operativos de la necesidad de no exponer a los estudiantes transgresores ante sus demás compañeros y compañeras para evitar que los mismos sean estigmatizados, pero la realidad es que no se hace nada para evitarlo. Se ha observado que los estudiantes encontrados con pornografía, señales de cutting o tenencia de sustancias controladas son interrogados en el aula o en el pasillo frente a la mirada de sus compañeros/as y llevados a dirección a la vista de toda la escuela, criminalizando su comportamiento y generando repercusiones en el clima escolar.

El tercer elemento lo componen los vacíos legales y las carencias de las políticas de prevención hacia el consumo de drogas en ámbitos escolares. En el primer caso resalta la indiferenciación legal entre ventas y consumos de sustancias controladas, facilitando la discrecionalidad policial en los operativos. En el caso de las políticas de prevención, la debilidad de las intervenciones que involucran abordajes alternativos al punitivo, no logran ser continuos y universales, y muchas veces fallan al repetir enfoques convencionales del tipo “dile no a las drogas”, que comprometen su eficacia por la poca y falsa información utilizada y el no distinguir entre uso y abuso de drogas (Rosenbaum 2014). 

Por último, el cuarto elemento es la aprobación ciudadana de la excepcionalidad, tolerado por las ambigüedades en la normativa penal que permite la discrecionalidad en la aplicación de las requisas sin orden fiscal (art. 175 CPP). También es evidente que existe un apoyo y aprobación ciudadanas hacia intervenciones policiales que son violatorias de derechos. Esta realidad puede estar vinculada con la construcción social del problema de las drogas, donde los estigmas y representaciones sociales sobre el microtráfico y los consumos de sustancias psicoactivas tienden a relacionar a las drogas con el consumo problemático asociado a la delincuencia, desviaciones, desórdenes y violencias, fundamentando respuestas y pedidos de mano dura.

Una apuesta por la educación en la política de drogas.

No debemos olvidar el valor agregado que posee la educación en la reducción del consumo de drogas entre los adolescentes. El potencial que tienen las relaciones que se generan entre los individuos, sus pares y la familia dentro las escuelas, tiene una gran influencia en el proceso de socialización y regulación de la adolescencia, posibilitando la mitigación de los comportamientos potencialmente riesgosos.

A pesar de ello, las escuelas se han caracterizado por su continua especialización, reduciendo su capacidad para resolver conflictos y limitándose a la transmisión de conocimientos y certificación académica: “Para poder especializarse de manera efectiva, se vuelve necesario cierto grado de transferencia de responsabilidades a otros actores institucionales, que en este caso corresponden a la familia, por un lado, y al Estado, por el otro” (Moraga 2018).  Ante esta situación, la escuela delega a estas instancias, la responsabilidad de prevenir los comportamientos problemáticos y riesgosos de sus estudiantes. 

Ante ello, cabe no solo trabajar con la comunidad educativa para fortalecer los vínculos escolares sino también evitar cualquier injerencia que dañe el clima de la escuela y debilite la confianza entre los estudiantes y el proyecto educativo. Un enfoque de seguridad escolar debe tomar en cuenta la protección de los adolescentes bajo un abordaje realista sobre las drogas que fomente la autonomía individual y la toma de decisiones responsables y basadas en información sincera y con fundamento científico.

La escuela como un espacio privilegiado de socialización y de proyectos comunes, tiene el desafío de abordar los problemas que aquejan a los adolescentes desde una mirada educativa, que involucre no sólo contenidos de información y reducción del daño, sino también una correspondencia con proyectos de vida que involucre a los estudiantes con su futuro, minimizando con ello, los factores de riesgo ante las drogas y la violencia. 

La política de drogas debe pensar también en las escuelas y cuidar los vínculos educativos. Si la apuesta es una política que criminaliza a los estudiantes por el hecho de considerarlos sujetos sin agencia y en constante riesgo, se los expone ante mecanismos de control social en un camino de exposición hacia el ámbito penal. Estas políticas no contribuyen a su inclusión y al desarrollo equitativo de nuestras sociedades, todo lo contrario, desconocen el potencial de generar personas autónomas y libres en la construcción de la democracia.  

Referencias bibliográficas

Ministerio de Educación 2019. Resolución Ministerial 001/2019. Subsistema de Educación Regular. Normas Generales para la Gestión Educativa y Escolar. La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia.

Moraga Cubillos, Marcela 2018. Educación y consumo de drogas. Vínculos escolares y contextos educativos. Instituto de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago.

Rosenbaum, Marsha 2014. La Seguridad Ante Todo. Un enfoque realista sobre adolescentes y las drogas. Drug Policy Alliance. Estados Unidos de América.

Skiba, Russell. Reynolds, Cecil R. Graham, Sandra. Sheras, Peter. Close Conoley, Jane & Garcia-Vazquez, Enedina 2006. Are Zero Tolerance Policies Effective in the Schools? An Evidentary Review and Recommendations.American Psychological Association, Zero Tolerance Task Force. United States of América. 

Skager, Rodney 2013. Beyond Zero Tolerance. A reality-based approach to drug education and school discipline. Drug Policy Alliance. United States of América.

[1] Directrices dispuestas por el Ministerio de Educación a través de la Resolución Ministerial 001/2019.

* Joaquin Chacin

 Abogado, con estudios en Políticas Públicas, Prevención del Delito y Política de Drogas. Docente Universitario e Investigador asociado al Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU-UMSS de Cochabamba Bolivia, donde además coadyuva en la línea de trabajo Drogas y Sociedad. Ha publicado artículos y ensayos académicos vinculados a la seguridad, policías, migración y política de drogas.