Economías ilegales, orden social y asesinato de líderes sociales

El asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia es uno de los puntos más preocupantes de la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC. Dependiendo de la fuente, han ocurrido entre 260 y 622 asesinatos entre 2016 y 2018. En lo corrido de este año, 71 líderes fueron asesinados[1]. Esta violencia ni siquiera ha disminuido en medio de la cuarentena implementada para contener el COVID-19: Desde el inicio de la cuarentena (el 25 de marzo de 2020), se han reportado 5 asesinatos[2].

Una explicación muy frecuente para esta violencia—en los medios de comunicación y por parte del gobierno colombiano—se ha centrado en la existencia de economías ilegales y la presencia de grupos armados criminales. El asesinato de líderes sociales sería el resultado de luchas por el control de mercados ilegales en regiones con cultivos de uso ilícito y donde se realiza el procesamiento de drogas (en particular la hoja de coca y cocaína) o de extracción minera ilegal. Es decir, el asesinato de líderes sociales responde a las acciones de grupos “empresariales” ilegales que se incomodan con la movilización social y sus efectos disruptivos en el negocio del narcotráfico o la minería ilegal. 

Definitivamente el narcotráfico y la presencia de grupos armados criminales esta muy relacionado con la violencia contra líderes sociales. Sin embargo, reducir las causas de esta violencia solo una a búsqueda del lucro en mercados ilegales simplifica demasiado las formas como en regiones periféricas grupos armados criminales—y en particular narcotraficantes—participan de la construcción y el sostenimiento de órdenes sociales. En la periferia, estos grupos no solo regulan aspectos de la vida social ligados a la producción y el tráfico de mercancía ilegal. En muchas ocasiones y en conjunto con otros actores locales políticos, se constituyen como autoridades que determinan reglas de comportamiento y imponen sanciones. Este comportamiento por parte de grupos criminales organizados o rebeldes no es nuevo y ha sido ampliamente estudiado tanto para el contexto colombiano como en otros países[3]. Lamentablemente, el asesinato de líderes sociales es otro caso más que muestra las formas de gobernanza de la periferia (en este caso, rural) y el rol que juegan las economías ilegales en esta. 

En un esfuerzo por desvelar de qué manera la violencia contra líderes sociales refleja las formas de gobernanza de la periferia estamos realizando con Jonas Wolff del Peace Research Institute de Frankfurt (Alemania) y Juan Pablo Milanese (Universidad Icesi, Colombia) un proyecto de investigación multi-método. Este proyecto cuenta con el apoyo del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) y la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL). Algunos de los resultados preliminares que ahora discutiremos fueron presentados en la primera Conferencia de REDESDAL que se realizó en Ciudad de México.

En nuestro proyecto argumentamos que la presencia de economías ilegales—como el narcotráfico—o grupos criminales por si sola no explica la violencia contra los líderes de movimientos sociales. Argumentamos que estos grupos no operan en un vacío y que es importante entender la naturaleza de los órdenes políticos en los municipios donde operaran. Élites locales—tanto legales como ilegales—participan de la construcción y el sostenimiento de órdenes locales, muchas veces autoritarios. Cuando hay un orden local estable creado conjuntamente por grupos criminales y actores políticos locales, los procesos de movilización social efectivos pueden ser percibidos como una amenaza (challenger) y son reprimidos violentamente. Este ocurre particularmente en municipios donde el poder local está concentrado y donde existen fuerzas políticas emergentes—generalmente asociadas a movimientos sociales o de izquierda—que creíblemente puedan cuestionar el orden local existente. 

En nuestro análisis preliminar cuantitativo encontramos que el crecimiento en los cultivos de coca y el aumento de actividades relacionadas con la minería criminal está asociado a la ocurrencia de asesinatos de líderes sociales. Es decir, si hay una relación entre la existencia de economías ilegales (en este caso, la producción de drogas ilegales) y la violencia contra movimientos sociales. Sin embargo, también encontramos que características de la política local también están relacionadas con la violencia contra lideres sociales. Municipios donde hay una mayor fragmentación electoral—que tomamos como un indicador de una mayor dispersión del poder—exhiben una menor probabilidad de observar asesinatos contra líderes sociales. Como lo indica la figura 1, cuando la competencia electoral está más concentrada, es decir tiene un número efectivo de partidos de uno, hay una probabilidad de casi 0.2 de registrar por lo menos un asesinato.

Los resultados nos muestran igualmente como una mayor fuerza electoral de partidos de izquierda en un municipio también está asociado a una mayor probabilidad de violencia. En la figura dos mostramos como aumenta la probabilidad de violencia a medida que aumenta el porcentaje de votos que obtienen fuerzas electorales de izquierda en un municipio. En general, nuestros resultados siguen la misma tendencia de otros estudios que indican como formas de disrupción de estructuras de poder local—como los procesos de restitución de tierras[4]—están asociadas a mayor violencia contra lideres de movimientos sociales.

Además de explorar la relación entre rentas ilegales, órdenes sociales y violencia contra movimientos sociales en todos los municipios de Colombia, estamos analizando en más detalle regiones particularmente violentas. Un caso que nos interesa visibilizar para entender la relación entre el asesinato de líderes sociales, los ordenes sociales y las rentas ilegales es el del Norte del Cauca en el suroccidente colombiano. Esta región se reviste de una compleja interdependencia entre procesos de desarrollo, dinámicas de conflicto, políticas territoriales y respuestas organizativas emergentes. También se ha caracterizado por ser un escenario de luchas de diversas poblaciones que reivindican sus derechos en medio de procesos de intensa violencia debido al desarrollo del conflicto armado y la intensa existencia de rentas ilegales asociadas a los cultivos de uso ilícito y la minería de enclave extractivo ilegal. 

Desde una perspectiva regional, se puede trazar una periodización de la presencia de actores armados y el desarrollo de economías ilegales así:  Un primer momento está marcado por la expansión de las FARC-EP, el ELN y el auge de los cultivos de coca en esta zona que llegaría hasta el año 2000; un segundo momento marcado por la presencia de los grupos paramilitares del Bloque Calima de las AUC, que disputó el territorio y los corredores estratégicos a las guerrillas hasta mediados de la primera década de 2000 y que se caracterizó por el recrudecimiento de la violencia en municipios como Santander y Puerto Tejada; un tercero momento caracterizado por el aumento de presencia de las Bandas Criminales (Bacrim), asociadas a grupos post-desmovilización paramilitar para la segunda década del 2000; y un último momento caracterizado por la desmovilización de la guerrilla de las FARC-EP y el reacomodo de diversos actores armados como disidencias de las FARC y el ELN, y la existencia de grupos paramilitares post-desmovilización que de la mano con la criminalidad organizada buscan controlar actividades relacionadas con la minería de enclave extractivo ilegal. El auge de la minería es una oportunidad para capitalizar la presencia en un nuevo rubro económico ilegal. No se trata del reemplazo de la actividad minera por los cultivos ilícitos como ocurre en otras zonas del país[5], sino el auge de la minería ilegal que, en asocio con otro tipo de rentas como los cultivos de uso ilícito, se produce en zonas de influencia de grupos armados ilegales. 

Para algunas de las poblaciones que habitan en el Norte del Cauca la presencia de los grupos armados al margen de la ley ha significado que su territorio sea presa de diferentes intervenciones y sus comunidades amedrentadas por quienes buscan asegurar el control sobre la producción, la tierra y las poblaciones. Recurrir a la violencia es su estrategia para asegurar el control territorial y resolver disputas por las transacciones en mercados ilegales que dan como resultado el aumento de asesinatos (Idrobo et al., 2014).  Aquí queremos resaltar el caso de la lideresa Francia Márquez (miembro del consejo comunitario de la Toma en Suarez, Cauca) y Cesar Cerón (candidato a la alcaldía de Suarez a través de una alianza entre población afro, indígena y campesina) quiénes siendo líderes de su municipio en clara oposición a la minería de enclave extractivo criminal sufrieron atentados contra su vida en 2019. El caso de Márquez y Cerón nos puede mostrar que la violencia no se explica solamente por las disputas y denuncias sobre las dinámicas asociadas a las rentas ilegales, sino por el desafío a quiénes están controlando el orden social. No en vano tanto Márquez como Cerón, también pertenecientes al partido de Colombia Humana, denunciaron la minería y las relaciones existentes entre actores políticos y actores armados en esta región.  

El caso del post-conflicto en Colombia nos muestra las diversas formas como grupos criminales ligados a la producción y tráfico de drogas o a otras economías ilegales no solo utilizan sus capacidades organizacionales y en el uso de la fuerza para proteger sus mercados criminales. También están involucrados en la producción de orden social en las periferias. Una consecuencia de estas formas de organización del poder local es el alto nivel de violencia observado contra fuerzas sociales y políticas que desafían estos órdenes locales.

Interesantemente, y a pesar que en el caso colombiano está fuertemente relacionado a las dinámicas en zonas periféricas más rurales y, por ende, en la parte de la cadena del narcotráfico más ligado a la producción, la violencia contra líderes sociales no parece ser exclusiva de Colombia. A inicios de los años noventa, muchos líderes comunitarios de barrios periféricos de Rio de Janeiro, por ejemplo, enfrentaron situaciones difíciles a medida que aumentaba el poder de grupos narcotraficantes locales en sus barrios. Algunos reportes estiman que 300 líderes tuvieron que abandonar sus comunidades y 100 fueron asesinados[6]. Es importante entonces investigar más a fondo cómo grupos criminales en diferentes partes de la cadena del narcotrafico construyen—muchas veces con el apoyo de actores políticos y sociales—órdenes sociales que regulan la vida social de comunidades, así como la variación en los niveles y tipos de violencia contra formas de organización y liderazgos de la sociedad civil. 

[1] Ver: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/cifras-de-lideres-sociales-y-desmovilizados-de-farc-asesinados-en-2020-segun-indepez-480144 

[2] Ver: https://www.semana.com/nacion/articulo/cinco-lideres-sociales-asesinados-desde-que-inicio-la-cuarentena-en-colombia/661079 

[3] Ver Arias, Enrique Desmond. 2017. Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean. New York: Cambridge University Press; Arjona, Ana. 2016. Rebelocracy: Social Order in the Colombian Civil War. New York: Cambridge University Press y Duncan, Gustavo. 2014. Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y México. Bogotá: Debate., entre muchos otros 

[4] Ver: Prem, Mounu, Rivera, Andrés, Romero, Darío y Vargas, Juan F. 2018. “Killing Social Leaders for Territorial Control: The Unintended Consequences of Peace. LACEA Working Paper Series. No. 0019.

[5] Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 2017. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. 

[6] Zaluar, Alba. 2004. Integração perversa: pobreza e tráfico de drogas. Rio de Janeiro: FGV Editora.

Fotografía:  Guapi, Cordillera Occidental. 2015. Fotografía Carlos Duarte. 

*Inge Helena Valencia, Universidad Icesi 

Es Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y Phd en Antropología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) París, Francia. Actualmente es directora  del departamento de Estudios Sociales de la Universidad Icesi y profesora asociada e Investigadora de la Universidad Icesi. Ha sido becaria de programas como la Fábrica de Ideas del Centro de Estudios Afroorientales en Brasil, Investigadora visitante del Ciesas-México, del programa Drogas Seguridad y Democracia del Social Science Research Council y del International Development Research Center de Canadá. Entre sus intereses están las políticas de reconocimiento multicultural y participación política de grupos étnicos en América Latina, y  las dinámicas  asociadas al narcotráfico,  y la violencia en Colombia.

* Juan Albarracín Dierolf, Universidad Icesi

Director del Programa de Ciencia Política y profesor asistente del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Icesi, Cali. Es politólogo con opción en economía y M.A en Política Comparada de la Eberhard-Karls Universität Tübingen (Alemania), así como M.A. y PhD en Ciencia Política de la University of Notre Dame (Estados Unidos). Sus intereses de investigación incluyen el estudio de la violencia política y criminal y su impacto en procesos electorales, la gobernanza criminal, la justicia transicional, la construcción de ordenes locales y del Estado, y la política electoral y partidaria. Sus trabajos han sido publicados, entre otros, en el Journal of Peace Research, y Crime, Law, and Social Change.