Efectos de pandemia sobre la gobernanza ilegal en Río de Janeiro

En marzo de 2020, el COVID-19 golpeó fuertemente a Brasil. En un contexto de negación del gobierno federal respeto la gravedad de la infección viral causadora de la SARI (Síndrome Respiratoria Aguda, en la sigla en inglés), el número de personas infectadas y de muertes relacionadas a la infección crecieron con rapidez posicionando el país entre los más impactados por la pandemia. La situación seguiría grave por todo el año, profundizando la tensión entre la devaluación de la importancia de la pandemia por el gobierno Bolsonaro y distintas formas locales (estatales y municipales) de enfrentar el problema. 

En Brasil, como también en otras partes del mundo, el avance de la pandemia ha promocionado reflexiones sobre su impacto en las actividades económicas ilícitas como el narcotráfico y otros delitos cometidos por el llamado “crimen organizado”. Este texto reúne datos y reflexiones sobre la relación entre la pandemia de COVID-19 y las actividades ilícitas en la ciudad de Río de Janeiro, tradicional laboratorio de análisis para el estudio y comprensión de las actividades ilegales organizadas en el país. Las/los lectoras/es, sin embargo, deben saber que se tratan de apuntes sobre una situación compleja y que no puede ser extendida a todo Brasil de forma inmediata, sin que se consideren dinámicas locales de la criminalidad organizada. 

No obstante, si es cierto que Río de Janeiro conlleva, como dice una famosa canción, “lo mejor y lo peor de Brasil”[1], la indicación de algunos elementos de la situación carioca se nos ofrece un conjunto de elementos para investigar efectos de la pandemia sobre el crimen organizado más allá de los registrados en la “ciudad maravillosa”. 

Crimen organizado y pandemia

Ante la sorpresa global representada por la pandemia de COVID-19, expertos/as en todo mundo pasaron a enfrentar la cuestión de como la infección y las medidas tomadas para minimizar los ritmos de contaminación (como los toques de queda, cierre de fronteras y los lockdown) impactarían la dinámica de las actividades criminales locales y transnacionales. Para enfrentar esa cuestión es preciso acordarse de que el crimen organizado se caracteriza, sobre todo, por su flexibilidad, adaptabilidad y resiliencia. Cuando hay cambios estructurales, las bandas criminales más preparadas derrotan o absorben a grupos más débiles y usan sus recursos políticos, sociales y financieros para penetrar las instituciones públicas y la economía legal. En ese sentido, es posible afirmar que la pandemia es una situación extrema e internacional de cambio estructural. 

Si sigue esta tendencia histórica a la sobrevivencia de los más capaces, las bandas o carteles más fuertes van a encontrar cómo sobrevivir y expandir sus negocios bajo las nuevas condiciones pandémicas. Negocios ilegales más “tradicionales”, como los que dependen de cultivos ilegales o el tránsito transfronterizo de bienes, sufrirán adaptaciones impuestas por dificultades logísticas, principalmente tras la disminución del tránsito aéreo, terrestre y marítimo legal utilizado para transportar contrabando. Sin embargo, la mayoría del tránsito de productos ilegales en el mundo ya ocurre por medios propios e ilegales: túneles, sumergibles, avionetas, fondos falsos en vehículos y conteiners o en los cuerpos de “mulas”. Por esto, no es probable que los mercados ilegales reciban golpes duraderos por las restricciones impuestas por la pandemia. El uso de internet y de la deep web para transacciones al mayoreo y al menudeo, además del tráfico de drogas sintéticas, tienden a aumentar, así como la entrega domiciliar de drogas y otros bienes ilegales.

El prohibicionismo de las drogas ha impuesto históricamente un ambiente de competencia híper-liberalizado, donde el “darwinismo criminal” se afirma como regla: los más hábiles, creativos, legitimados localmente, poseedores de más recursos financieros y de fuerza sobreviven y expanden sus actividades. La pandemia de COVID-19 indica una situación intensa en oportunidades para cambios de actores bajo la manutención de un mercado ilícito global de producción, transportación, venta y consumo de drogas.  

Río de Janeiro y sus “dueños”

Respeto a la criminalidad organizada en Río de Janeiro encontramos dos situaciones distintas y concomitantes. La primera está relacionada a bandas criminales tradicionalmente dedicadas al narcotráfico (como el Comando Rojo y el Tercer Comando Puro), la segunda se refiere a zonas controladas por las llamadas milicias. 

Las bandas criminales surgieron entre fines de los años 1970 y comienzos de los años 1990, organizándose como grupos de autodefensa en las cárceles del estado de Río de Janeiro y pronto establecieran una estructura formada de “células operativas” basadas en favelas y/o en barrios pobres articuladas al control del sistema carcelario. Estos grupos han mantenido un perfil compuesto de líderes y “soldados” convocados entre la juventud pobre, negra, de bajo nivel educacional y originaria de las mismas favelas y periferias donde actúan. Por eso, sus discursos y prácticas les mantuvieron más cercanos a la retórica de autoayuda y protección de las comunidades pobres, estableciendo modos de “gobernanza criminal” en contacto con agentes de seguridad del Estado (para la compra de armas o para el soborno de policías con el reto de disminuir la intensidad de la represión o para negociar la liberación de compañeros detenidos etc.), con las actividades económicas locales (pequeños comercios, actividades económicas informales) y políticos locales (autorizando o mediando la entrada de candidatos en comunidades para campañas políticas).

Desde la mitad de los años 1990, estas bandas criminales pasaron disputar espacio con otra forma de organización ilegal: las milicias. Ellos son grupos de tipo mafioso formados por miembros o ex miembros de las fuerzas de seguridad (policías, militares, bomberos) que se relacionan históricamente con grupos de exterminio nacidos durante el régimen autoritario (1964-1985) y que se dedicaron, de inicio, a asesinar líderes comunitarios o militantes de izquierda en zonas pobres de la región metropolitana de Río de Janeiro convirtiéndose después en bandas de matones a sueldo. En los 1990, tras otra mutación, estos grupos asumieron la identidad de “autodefensa” en contra del narcotráfico, conquistando cierta legitimidad local y elogios de gobernantes. No obstante, las milicias pronto se convirtieron en pandillas que extorsionan a la población bajo su control y explotan la venta de servicios ilegales, incluso el tráfico de drogas. Las milicias no tienen la misma relación cercana a la población de las zonas que ocupan y mantienen un grado más grande de penetración en instituciones, con un modo de participación en la política distinto de las bandas narcotraficantes. En términos de infiltración política, las milicias dieron un paso adelante si comparadas a los comandosdel narcotráfico lanzando candidatos propios a nivel municipal y estatal para, hoy en día, alcanzar expresión a nivel federal en los ambientes legislativo, judicial y del poder ejecutivo[2].

Milicias, Comandos y la pandemia

Frente a la pandemia, los “comandos del narcotráfico”, con mayores relaciones históricas con las comunidades donde actúan, adoptaron medidas cercanas a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Saludo (OMS): el aislamiento social, el uso de mascarillas, prohibición de cultos o fiestas. Desde los meses iniciales de la pandemia, comunicados en carteles y por los social medias en zonas controladas por grupos como el Comando Rojo y el Tercer Comando Puro establecieron medidas restrictivas a la circulación de personas y al funcionamiento de los comercios, previendo puniciones draconianas a quienes no las obedeciesen. 

Un ejemplo sigue abajo. El Comando Rojo, en publicación electrónica de abril de 2020, determinó: “Gente, quédense en casa. La situación ha quedado seria y hay gente que la toma como chiste. (…) Ahora, ustedes se van a quedar en casa, por bien o por mal. Toque de queda a partir de las 20h. Quienes fueren flagrados van a aprender como se respeta el prójimo. Queremos lo mejor para la población. Si el gobierno no tiene capacidad para arreglárselo, el crimen organizado lo hará”. 

Estos números refuerzan la hipótesis de más grande involucramiento de las bandas narcotraficantes con sus comunidades y la actitud reversa cuando se trata de las milicias. Dos formas distintas de “gobernanza criminal”, por lo tanto, generaron dos patrones opuestos de actitud ante la pandemia, con resultados directos para las poblaciones de extensas zonas de Río de Janeiro.

Conclusiones

En octubre de 2020, un grupo de investigadores de universidades brasileñas[4], basados en datos del “Disque Denuncia”, servicio telefónico para denuncias anónimas de actividades criminales, indicaron que, de los 6.747.815 habitantes de Río de Janeiro, millones de personas vivían en zonas controlas por grupos ilegales (milicias o bandas narcotraficantes). Las milicias controlarían regiones totalizando 2.178.620 habitantes (33,1% del total), mientras las bandas narcotraficantes gobiernan 1.584.207 habitantes (24% del total). Por tanto, el 57% de la ciudad estaría bajo control de grupos ilegales. De estos 57%, el 41% sigue bajo disputa violenta o alianzas inestables entre grupos narcotraficantes y milicias. 

Estos datos revelan una ciudad dividida entre espacios de distintas “gobernanzas” que establecen el control sobre ampliadas poblaciones, en contacto más o menos intenso con las fuerzas de seguridad del Estado y la política institucional. La llegada de la pandemia de COVID-19 a Río de Janeiro ha servido para explicitar las formas diferentes por las cuales bandas narcotraficantes y milicias tratan a las personas que están bajo su autoridad de facto. Esta situación no ha cambiado por la pandemia, sino que se ha proyectado de modo más explícito. La idea de que Río de Janeiro es una ciudad “desgobernada” es imprecisa. Al contrario, la ciudad es una compleja mancha urbana demasiadamente gobernada por distintos grupos y por un patrón de control sostenido por la violencia o la amenaza constante de violencia ejercida por narcotraficantes, milicianos y fuerzas del Estado, incluyendo crecientemente las Fuerzas Armadas.

En este contexto, sobrevivir al COVID-19 es un desafío más enfrentado por mujeres y hombres de todas las edades que son obligados por su condición económica a no respetar el lockdown o que, aunque estén en casa, no pueden desfrutar de las condiciones de aislamiento social gozado por los habitantes de las zonas de clase media y alta. La falta de salubridad, la precariedad de las viviendas, la debilitad de los servicios de salud, la violencia policiaca, el acoso de milicianos y narcotraficantes – peligros cotidianos enfrentados por las poblaciones más pobres de Río – son agrandados por la pandemia de COVID-19 haciendo con que el virus letal sea un agente letal más a azotar la existencia de la mayoría de los/las cariocas. 

[1] Un verso de la canción de Fernanda Abreu, Fausto Fawcett y Laufer “Rio 40 graus” [“Río 40 grados”], lanzada en 1992, dice: “Es capital de la sangre caliente de Brasil/Capital de la sangre caliente/De lo mejor y de lo peor de Brasil” [“É capital do sangue quente do Brasil/Capital do sangue quente/Do melhor e do pior do Brasil”]. 

[2] Ver a Thiago Rodrigues y Mariana Kalil (2020), “Las relaciones peligrosas de Jair Bolsonaro”, Nueva Sociedad, disponible en https://nuso.org/articulo/bolsonaro-entre-el-coronavirus-y-el-crimen-organizado/, 

[3] Raphael Bruce, Alexsandros Cavigias, Luis Meloni (2020). Filling the Void? Organized Crime and COVID-19 in Rio de Janeiro, Working Paper, disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3678840

[4] “Mapa de los Grupos Armados em Río”, investigación conducida por el Grupo de Estudios de los Nuevos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense (UFF), el Nucleo de Estudios de la Violencia (Universidad de São Paulo), el Disque-Denúncia y la plataforma digital Pista News. Disponible en https://nev.prp.usp.br/mapa-dos-grupos-armados-do-rio-de-janeiro/

 *Thiago Rodrigues es Profesor Asociado en el Instituto de Estudios Estratégicos (INEST) de la Universidad Federal Fluminense (UFF), Brasil. Miembro de las Juntas Directivas de la Coordinadora de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES, Argentina) y de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa (ABED). Miembro fundador del NEIP (Brasil) y de REDESDAL. Entre sus libros recientes están Drogas, Política y Sociedad en América Latina y el Caribe (con Beatriz Labate, CIDE, 2015), Drug Policies and the Politics of Drugs in the Americas (con Beatriz Labate y Clancy Cavnar, Springer, 2016) y Política de Drogas no Brasil: conflitos e alternativas (con Beatriz Labate, Mercado de Letras, 2018).