Erradicación en el VRAEM: viejas fórmulas y fracasos anunciados

El 28 de julio del 2019, el presidente de la República del Perú anunció que, en dicho año, el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (CORAH) iniciaría las acciones de erradicación en la principal zona productora de hoja de coca del país: el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Agregó que para su gestión es prioritario eliminar la producción de drogas ilícitas y para ello se planteó como meta “privar al narcotráfico del principal insumo para elaboración de droga”[1]. 

Este anuncio se da en un contexto en donde diversos actores han evidenciado que las fórmulas represivas han fracasado en su objetivo de reducir la producción de drogas ilícitas durante más de 40 años de guerra contra las drogas[2]. Así, lo que evidencia el mensaje a la nación es una continuidad de estrategias ineficientes que son parte de una configuración histórica de intervenciones del gobierno central en la amazonia peruana. 

En este escenario, este ensayo recorre brevemente el patrón de intervenciones del Estado central en el VRAEM durante el siglo XXI. A diferencia de ser un territorio donde prima la ‘ausencia del Estado’, la evidencia muestra una creciente presencia de entidades del gobierno que se caracterizan por la ‘imposición de la ilegalidad’ (Ciro, 2017) que legitima una estigmatización y marginalización hacia la población de este valle[3], mientras que tiene resultados poco efectivos en la articulación de los agricultores a economías lícitas sostenibles en el tiempo. 

El gobierno central en la Amazonía del VRAEM en el siglo XXI

A lo largo del siglo XXI, el VRAEM ha sido un territorio priorizado por el gobierno central principalmente porque ha sido considerado una amenaza a la seguridad nacional debido a la presencia de la economía del narcotráfico y de remanentes terroristas. Ello ha justificado las constantes actualizaciones de declaratorias de Estados de Emergencia y el incremento de bases militares y policiales en la zona[4]; así como una creciente presencia de funcionarios de la burocracia gubernamental ligada a los programas de desarrollo alternativos. 

Vizcarra y Heuser (2019) identifican dos grandes periodos: en primer lugar, del 2003 al 2009, el Gobierno central enfatiza el control territorial a través de la presencia de fuerzas del orden[5]. En este periodo las Fuerzas Armadas y la Policía Antidrogas tienen una lógica de búsqueda de ‘logros operativos’ que, a su vez, sirven para justificar sus asignaciones presupuestales, en donde resaltan la captura de líderes terroristas y bandas de narcotraficantes, decomisos de drogas y armas, destrucción de pozas de maceración. Ello termina dejando de lado delitos más complejos y poco visibles como el desvío de insumos químicos y el lavado de activos (Vizcarra y Heuser, 2019). 

En segundo lugar, a partir del año 2009 y con mayor notoriedad a partir del gobierno de Ollanta Humala (2011 – 2016), la burocracia civil se incrementa en la zona a través de programas de asistencia social, programas productivos y de desarrollo alternativo – sin que ello implique una disminución de la presencia militar y policial. Sin embargo, las conversaciones con agricultores dan cuenta que los programas de reconversión productiva fueron diseñados de arriba hacia abajo, sin una participación efectiva de la población y sin planes de negocio claros que generen valor agregado a sus cultivos. 

A partir de los testimonios, se evidenció que los precios del cacao, café y la piña han estado muy por debajo de los precios de los cultivos de coca, sumado a la poca planificación para articularlos a un mercado con precios estables[6]. Ello ha generado que algunos agricultores tengan deudas por los créditos agrarios que no pueden pagar al no tener un mercado donde vender sus productos. En ese sentido, su percepción del incremento de los cultivos de coca en el territorio se debe más a la ineficacia de las políticas de desarrollo alternativo que a la constitución de una ‘zona dominada por el narcotráfico’.  

La erradicación del 2019

En el 2018, se anuncia Plan VRAEM 2021, que quita el liderazgo al MINAGRI, y posiciona a DEVIDA como el ente rector del territorio. En este documento no se mencionan indicadores relacionados al narcotráfico y al terrorismo, sino más bien al cierre de brechas sociales y promoción de proyectos productivos y pecuarios. Sin embargo, con el anuncio del Presidente, se dejó entrever un cambio en el discurso en pocos meses en la dirección de DEVIDA: del enfoque de cierre de brechas al cumplimiento de metas de erradicación de cultivos de coca. El argumento central de DEVIDA era que las Comunidades Ashaninkas estaban solicitando la erradicación de los cultivos en su territorio[7] – versión que es cuestionada por miembros de comunidades Ashaninkas visitados en el trabajo de campo en la zona de Pangoa, quienes sostienen que sus bases sociales no fueron consultadas para el ingreso a sus territorios. 

Ante ello, la Federación de Productores Agropecuarios del VRAE (FEPAVRAE) evidenció su capacidad organizativa para lograr convocar un paro en la ciudad de Pichari, en donde miles de agricultores colonos y nativos se manifestaron en contra de las declaraciones del gobierno central. Asimismo, mostró su fuerte capacidad para exigir una mesa de diálogo con altos funcionarios del gobierno, en donde se acordó que la erradicación se llevaría a cabo en la zona de Alto Anapati (Mazamari), a solicitud de las comunidades nativas, y fuera de la jurisdicción de la FEPAVRAE. Sin embargo, cuando se llevó a cabo la erradicación en noviembre, se ha denunciado que esta ha sucedido en un territorio no reconocido como parte de las Comunidades Ashaninkas (Ledebur y Grisaffi, 2019). Peor aún, se evidenció que se erradicaron algunas hectáreas en la zona Nueva Esperanza y Campo Verde (Pangoa), que forma parte de los distritos de la FEPAVRAE.

Asimismo, se denunciaron abusos del personal policial, robo de cultivos lícitos y la quema de dos chozas donde se encontraron sacos de hoja de coca. Para los agricultores entrevistados esto representa una imposición por parte del gobierno central, que es percibido como abusivo y que actuó a través de la violencia física hacia ellos, incumpliendo los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo. La erradicación de los cultivos de coca a una población que carece de vías de acceso adecuadas, servicios básicos como agua, desagüe y electricidad, y donde las escuelas carecen de infraestructura adecuada para los y las estudiantes, ha dejado a las familias afectadas en una situación de abandono y ambigüedad; ya que el gobierno entró a erradicar, se retiró sin anunciar algún plan de contingencia para esta población económicamente dependiente del cultivo de coca. 

En suma, este escenario da cuenta de una configuración de la presencia del Gobierno central basada en una imposición de la ilegalidad, en donde se considera el territorio como una amenaza a la seguridad nacional e internacional. Ello ha justificado la creciente presencia de fuerzas del orden, las constantes declaratorias de Estados de Emergencia, y la reciente intervención de la erradicación forzosa; mientras que, en paralelo, la promoción del desarrollo social y agro-productivo aún tiene grandes limitaciones para cerrar las brechas sociales. Todo ello, genera una relación entre agricultor y Estado basada en la desconfianza, donde este último impone una visión de ilegalidad sobre los primeros y sus territorios, generando estigmas y marginalización a una población que ha concebido al cultivo de la coca como una garantía económica ante el olvido y represión del Estado central. 

Notas de pie de página

Agradezco especialmente a Alejandra Cáceres, Antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú por sus valiosos aportes durante el trabajo de campo en las zonas de Pichari, Pangoa, Llochegua y Samugari.

[1] El Comercio. (2019). Mensaje a la nación: CORAH iniciará en el VRAEM erradicación de cultivos ilegales de coca. Disponible en: https://elcomercio.pe/peru/mensaje-nacion-corah-iniciara-vraem-erradicacion-cultivo-ilegal-hojas-coca-noticia-nndc-659805-noticia/

[2] Por ejemplo, Felbab-Brown (2014) sobre la ineficacia de la erradicación de cultivos ilícitos a nivel global. En el caso peruano, Manrique (2017) explica que el milagro de “San Martín” no es producto de la erradicación de cultivos ilícitos sino de la confluencia de una serie de factores, entre los cuales resalta la pacificación del territorio y la importancia de los gobiernos regionales y sector privado; Laurente (2010) para el caso del valle de Aguaytía evidencia la conflictividad social que generó las acciones de erradicación ante el fracaso de los programas de desarrollo Alternativo; y Grillo (2019) evidencia los diferentes impactos de la erradicación de cultivos de coca en el valle del Monzón, generando mayor precarización en los medios de vida de agricultores con pequeñas parcelas de coca. En el caso de Colombia, recientemente Mejía et. al (2019) señalan que el incremento de cultivos de coca en Colombia no está relacionado directamente con la suspensión de la aspersión aérea, sino más bien debido a los incentivos perversos que generó la iniciativa de sustitución de cultivos de coca. 

[3] Ver Monteagudo (2013); Cabieses (S.F); y Ferreira (2016).

[4] A fines del gobierno de Alejandro Toledo (2001 – 2006) existían 55 distritos en Estado de Emergencia; durante el gobierno de Alan García (2006 – 2011), fueron 49 distritos; en el gobierno de Ollanta Humala (2011 – 2016), la cifra se redujo a 42; durante el breve gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 2018) aumentó a 65 (Vizcarra y Heuser, 2019). Actualmente son 34 los distritos en Estado de Emergencia pertenecientes a las regiones de Cusco, Ayacucho, Junín y Huancavelica (Grisaffi y Leduber, 2019). A julio de 2018 se registraron 52 bases militares y 8,000 soldados (Caretas, 2018). 

[5] En este periodo se crea el Plan VRAE (2007) que buscó su pacificación a través del combate al narcotráfico y el terrorismo. Esto posibilitó la creación del Comando Especial VRAE, de la Región Militar VRAE, y del Frente Policial VRAE. Asimismo, se generaron una serie de incentivos económicos a oficiales y policías para operar en la zona, así como un aumento de la presencia del aparato judicial con fiscales, juzgados especializados y programas de lucha contra las drogas, como el desarrollo alternativo (Vizcarra y Heuser, 2019).

[6] Esto también fue manifestado en: https://www.reuters.com/article/us-peru-drugs/coffee-farmers-in-peru-abandon-crops-to-grow-coca-group-idUSKCN1QE2ON. 

[7]Andina. (2019). DEVIDA anuncia erradicación de coca en Mazamari, Pangoa y Río Tambo. Disponible en: https://andina.pe/agencia/noticia-devida-anuncia-erradicacion-coca-mazamari-pangoa-y-rio-tambo-767130.aspx. 

Bibliografía

Cabieses, Hugo. (S.F). En Defensa del VRAEM y sus gentes. Disponible en: http://www.desco.org.pe/recursos/sites/indice/766/2194.pdf. 

Caretas. (2018). Ponderando la respuesta. Disponible en: https://caretas.pe/politica/ponderando-la-respuesta/. 

Ciro, Estefanía (2017). Las Tierras Profundas de la ‘lucha contra las drogas’ en Colombia: la Ley y la violencia estatal en la vida de los pobladores rurales del Caquetá. Revista Colombia, Sociedad y Sigma. Vol. 41, pp. 105 – 133.

Felbab-Brown, Vanda. (2014). Mejorando las políticas del lado de la oferta. En: LSE. Acabando la Guerra Contra las Drogas. Disponible en: http://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/reports/LSE-IDEAS-Acabando-con-la-Guerra-contra-las-Drogas.pdf. 

Ferrerira, Francisco. (2016). De-demonizing the VRAEM. A Peruvian-Cocalero Area. Substance Use & Misuse, 51:1, 41-53

Grillo, Luciana (2019). Después de la coca: iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas y estrategias de vida en el valle del Monzón. Tesis para optar el título de Licenciada en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Laurente, Demetrio (2010). Los movimientos cocaleros y las políticas públicas en la lucha antidrogas del Perú, el caso del Valle del Río Aguaytía: 2001 – 2004. Tesis para optar el título de Licenciado en Sociología por la Universidad Mayor de San Marcos. 

Ledebur, Kathryn y Grisaffi, Thomas. (2019). Bullets in Lieu of Dialogue: Coca Eradication in Peru’s Central Jungle. Andean Information Network and University of Reading. 

Mejía, Daniel, et. al. (2019). Buenos incentivos, un mal momento: sustitución de cultivos, siembra de coca y fumigación aérea en Colombia. Disponible en: https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2019/10/31/buenos-incentivos-un-mal-momento-sustitucion-de-cultivos-siembra-de-coca-y-fumigacion-aerea-en-colombia/. 

Manrique, Hernán (2017). El fin de la Guerra de la cocaína: construcción del Estado y desarrollo alternativo en la región San Martín (1978 – 2015). Tesis para optar el título de Licenciado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Monteagudo, Manuel Antonio. 2013. El VRAEM que no vemos. Disponble en: https://revistaideele.com/ideele/content/el-vraem-que-no-vemos; 

Vizcarra, Sofía y Heuser, Christoph. (2019). Los Estados en los márgenes: soberanía y gubernamentalidad en el principal valle cocalero. Sociologías, Porto Alegre, 2 – 27. 

* Nestor Alvaro Pastor Armas, Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP

Licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Graduado con una investigación sobre micro-tráfico de drogas en espacios universitarios.