Nuevas políticas de drogas deben prevenir el consumo problemático

El uso de drogas es un fenómeno humano que se ha mantenido en el curso de la historia, sin que la política pública haya tenido un impacto importante en la reducción del consumo. Además, este fenómeno se ha presentado exclusivamente en las drogas ilegales, mientras que con el consumo de alcohol y tabaco si podemos observar, en la evidencia disponible, que las medidas de regulación, dentro de un marco legal, han logrado una reducción del consumo y de las consecuencias en salud pública. Por ejemplo, lo anterior se puede observar en los estudios de consumo de drogas a través de encuestas poblacionales, así como en la prevalencia de cáncer asociado al consumo de tabaco y en la disminución de accidentes de tránsito relacionados a la embriaguez por alcohol. En consecuencia, estos hallazgos muestran que las estrategias de prevención del consumo de riesgo y problemático son mucho más efectivas y eficientes en la medida en que exista una marco legal y regulatorio.

Sin embargo, los cambios en la política de drogas, que buscan un marco legal para lograr una regulación que permita estrategias de prevención más efectivas que las logradas hasta el momento, presentan una oposición en una parte importante de la sociedad que percibe estos cambios como una permisividad del consumo que llevaría a una disminución en la percepción del riesgo. Por consiguiente, se aumentaría el uso de drogas y, a su vez, el consumo problemático. 

Uno de los grupos representativos de la sociedad, que no considera que exista un beneficio en salud pública con la regulación de las drogas, es el gremio médico. Lo anterior, va más allá de los individuos que se identifican como Médicos conservadores, quienes conforman un movimiento en el que uno de sus objetivos ha sido oponerse a la legalización del consumo de drogas debido a la atención clínica derivada. Esto, porque ven un panorama asociado al aumento en la prevalencia de los eventos agudos (intoxicaciones, estados de abstinencia, episodios psicóticos) y en los casos de estados crónicos de consumo problemático (Síndromes de dependencia*). 

Es importante señalar que la atención del gremio médico a las personas con consumos problemáticos se centra fundamentalmente en los episodios agudos, mientras que la de rehabilitación por dependencia se realiza, principalmente, en centros atendidos y dirigidos por recurso humano no médico. Es decir, el personal calificado se basa en la experiencia de la atención y no en la formación académica a través de estrategias de Comunidades Terapéuticas.

Las razones por las cuales el gremio médico ha tenido una participación marginal en la atención de las adicciones son complejas, pero se puede afirmar que el movimiento de la templanza norteamericano, que aparece en el siglo XIX y llevó a la prohibición del alcohol en 1920, definió una posición de no tolerancia al consumo de drogas en general. 

En el caso de Colombia, si bien el gremio médico ha seguido en la posición de no tolerancia al consumo de drogas, la política pública impactó fuertemente a las entidades de la salud para que no atendieran el problema, ya que en el primer plan obligatorio de salud, de la ley 100 de 1993, se excluyó el Síndrome de Dependencia del cubrimiento. Esto, no solamente llevó a que la atención se concentrara en estrategias basadas en comunidades terapéuticas, sino que además no hubiera seguimiento y control pertinentes por parte del estado. Desde entonces, la posibilidad de avanzar en el conocimiento clínico de las atenciones ha estado sobre la base de los eventos agudos y con muy poca práctica en el problema de fondo que es la afectación crónica; más claramente, el síndrome de dependencia. 

A pesar de ser una perogrullada, es necesario resaltar el hecho de que la medicina no puede avanzar si no hay práctica, y el avance de la ciencia solo se mide con base en los resultados de los seguimientos a las terapias. Por ejemplo, en la revisión realizada, la participación del gremio médico ha sido realmente pobre y además no hay evaluaciones de impacto; es decir, no existe un esquema de tratamiento estandarizado que demuestre efectividad en la resolución o estabilización del consumo problemático.

Adicionalmente, la discusión de los avances no ha tenido el mejor de los escenarios para poder avanzar, debido a que el debate sobre la reforma de la política de drogas se ha visto dividido en los grupos que apoyan los cambios hacia la legalización y regulación, y en los que se oponen, lo que nos ha llevado a no tener debates técnicos. El resultado es que quienes se oponen a las reformas anticipan una sociedad permisiva del consumo que afectaría fuertemente los espacios sociales y, en especial, los lugares en donde se da la socialización de los niños y adolescentes. 

Cabe resaltar, que la afirmación anterior se basa en dos premisas equivocadas: primero, que la tolerancia hacia el consumo lleva a interactuar con personas en estado de embriaguez que generan la degradación de la sociedad; y segundo, que la legalización tiene la intención de generar mercado de drogas en los menores para asegurar la demanda continúa y el enriquecimiento particular, dañando la base de la sociedad. 

Considero que el temor que manifiestan es válido pero sobredimensionado. La regulación del tabaco nos da un claro ejemplo de esta distorsión, dado que entre mejor ha sido la restricción del uso para los menores de edad, hay menor probabilidad de que lo usen y ha habido menores espacios existentes para su consumo. Además, las restricciones al uso del tabaco pueden optimizarse en Colombia como sucede en algunos países europeos. 

Paralelamente, el validar el uso del cannabis social para adultos implica aceptar que los individuos que buscan este tipo de embriaguez estén protegidos legalmente y su uso per seno pueda ser objeto de discriminación o de marginación, al menos sobre el papel; sin embargo, la idea de aceptar la embriaguez de las drogas como parte del comportamiento humano choca profundamente con el ideal de salud que tiene una buena parte de la sociedad, exceptuando la que es generada por alcohol.

Aun así, la droga que en la actualidad es objeto de mayor búsqueda de cambio en su condición legal es la marihuana, y las razones fundamentales son: primero, que ha sido por décadas la sustancia ilegal de mayor uso; y segundo, la evidencia no ha mostrado que sus consecuencias negativas impacten en la salud por encima de lo que genera el uso del alcohol y el tabaco.

En adición, la producción de marihuana ilegal en el mundo ha tenido avances técnicos que llevaron a obtener conocimientos determinantes en el desarrollo de diferentes cepas, con el objetivo de lograr muestras de cannabis con contenidos específicos de cannabinoides. Estos avances en la industria ilegal han permitido que los países que la legalizaron para uso médico y consumo en adultos, tengan como base de producción agrícola las semillas desarrolladas durante el periodo previo al inicio de la legalización. En otras palabras, el conocimiento de las muestras de cannabis para uso humano implica un avance claro en los riesgos potenciales y permite esquemas de advertencia de los riesgos, sobre la base de información comprobable, que previene el consumo en general y especialmente el problemático.

Vale la pena aclarar que no se está exento de riesgos con la legalización del cannabis. Se ha podido registrar, en los países en donde se ha legalizado el uso médico, una disminución en la percepción del riesgo, así como un aumento en el consumo de marihuana en el espacio del hogar por parte de los menores. Esto tiene que ver con que la divulgación de las razones para legalizar su uso se ha concentrado principalmente en señalar los bajos riesgos de salud asociados al consumo, lo cual ha opacado el impacto de estos, puesto que son parte determinante en el proceso de divulgación para lograr una regulación adecuada.

En definitiva, la invitación a discutir la ruta para lograr mejores medidas de política pública y así prevenir el consumo problemático ha sido recibida por el gremio médico con distancia y reserva de los escenarios propuestos para el debate. Al mismo tiempo, el gremio entiende que la experiencia de la práctica clínica que tienen en adicciones es limitada para vincularse a las discusiones de política pública; por lo tanto, la participación de la comunidad médica que realiza práctica clínica, en general, es baja por las razones expuestas. 

A pesar de esto, la opinión del gremio es determinante para poder avanzar en la divulgación de las razones por las cuales es necesario modificar la política pública y, de esa forma, mejorar la prevención del consumo problemático, para así no llegar a una posible legalización y regulación del cannabis que desconozca los riesgos en salud derivados de su consumo.

*Pablo Zuelta:

Es director del Área de Consumo de Drogas, Salud Pública y Educación del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) en la Universidad de los Andes.

Médico especialista en Psiquiatría de la Universidad Javeriana de Bogotá y candidato a maestría en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace 13 años está dedicado al trabajo en adicciones y farmacodependencia.

Es profesor de pregrado de medicina de la Universidad de los Andes y dicta charlas en cursos de educación continuada del CESED. Es miembro del subcomité de adicciones de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y del subcomité de Filosofía de la Psiquiatría. Fue galardonado con la mención de honor Héctor Ortega Arbeláez en 2012 por el mejor artículo publicado en la Revista Colombiana de Psiquiatría. Fue coordinador de la estrategia CAMAD en Bogotá durante el último período antes de su cierre en junio de 2016 y coordinador del Proyecto Khoka Alternativa, desarrollado por Elementa, Consultoría en Derechos.