Política de drogas y política educativa: una conversación urgente

En Colombia la pandemia de COVID-19 no frenó la discusión sobre política de drogas; tampoco la discusión sobre política educativa. Sin embargo, mientras que los expertos en temas relacionados con drogas de uso ilícito discuten la pésima decisión del gobierno Duque de asperjar con glifosato, el impacto de la pandemia sobre la erradicación forzada de coca o las rutas del narcotráfico (ver Pinzón 2020); los expertos en educación analizan los retos del modelo de alternancia educativa propuesto por el Ministerio de Educación, las dificultades de los educadores en la transición a la educación a distancia y la expansión de la brecha entre quienes estudian y quienes no (Avila & Bernal, 2020). Con la excepción de los reportes sobre consumo de sustancias psicoactivas en población escolar (ODC, 2016) o las noticias sobre las estrategias pedagógicas de la policía (La Vanguardia, 2012; Semana, 2018; Policía Nacional, 2019), a simple vista parece que al país lo atraviesan dos avenidas que raramente se cruzan. Por un lado, las rutas que conectan la producción de coca con su distribución y consumo, por el otro, las trayectorias de los estudiantes en el sistema educativo.

En una revisión sistemática que publicamos recientemente en la Revista de Educación en Emergencias (JEiEpor sus siglas en inglés), encontramos que la tendencia a separar estas dos discusiones ha generado grandes vacíos en lo que sabemos sobre las intersecciones entre la política de drogas y la política educativa. 

El propósito de la revisión sistemática consistió en capturar la producción académica que analiza el cruce entre las políticas de drogas, particularmente las relacionadas con la guerra contra las drogas, y la educación. En esta codificamos manualmente un total de 420 artículos publicados entre 1988 y 2018 en las revistas académicas mejor rankeadas de 20 subcampos de la educación. Reflejando la naturaleza interdisciplinaria del campo educativo cubrimos desde educación y criminología, educación rural y educación comparada, hasta educación y salud, psicología de la educación y ciencias de la prevención. Para construir el corpus tuvimos presentes cuatro criterios: 1) mención directa de los actores afiliados con educación formal; 2) un enfoque explícito en educación primaria o secundaria; 3) mención directa a sustancias de uso ilícito y 4) estudios basados en datos empíricos, lo que excluyó artículos teóricos y otras revisiones sistemáticas. 

Los hallazgos demostraron que en el campo educativo la discusión sobre las políticas que dan forma a la guerra contra las drogas y su reforma ha sido casi nula. A continuación, sintetizamos tres hallazgos:

La investigación educativa prioriza el consumo sobre la produccion y comercialización.

Si bien el mercado de las drogas involucra el cultivo, la manufactura, distribución, promoción, venta, y consumo de sustancias ilegales, el 98.5 por ciento (N=414) de la muestra de la revisión sistemática se concentra en consumo. Por su parte el 0.9 por ciento (N=4) se enfoca en la comercialización de sustancias ilícitas y sólo 0.4 por ciento del corpus (N=2) combina dos o más segmentos de la cadena de suministro. Ningún artículo considera los efectos de las dinámicas de producción sobre la educación. En otras palabras, las interacciones que se dan entre las fuerzas del Estado, los múltiples actores que alimentan y movilizan las redes del narcotráfico, y la escuela son desconocidas, por lo menos, para la sección del mundo académico representada en la muestra. 

De los muchos actores educativos, se prioriza a los estudiantes.

Otro hallazgo que confirma la distancia que existe entre quienes por un lado movilizan las políticas de drogas y quienes por el otro se ocupan de las políticas educativas, es la poca atención que este corpus le presta a la amplia gama de actores educativos que navegan las consecuencias de la criminalización y militarización de la producción y uso de sustancias ilícitas. 

Mientras que los estudiantes representan el foco del 75 por ciento de los artículos (N=368), los profesores cuentan con un 10 por ciento (N=49), los padres de familia con un 3.2 por ciento (N=16) y los directores de colegio con un 3 por ciento (N=15). Un poco menos del 9 por ciento restante se distribuye entre los orientadores, los trabajadores sociales, los educadores no formales (que trabajan en instituciones educativas), los líderes comunitarios, los responsables de la política educativa y los niños y niñas que se encuentran fuera de la escuela. Solamente un artículo hace referencia a las organizaciones de tráfico de drogas (0.2%; N=1). Ninguno se enfoca en el ejército o la policía. Esta ausencia contrasta con la tendencia del Estado de abrir espacios en el currículo escolar para que policías y soldados actúen como docentes de aula (ver Koenders, 2020).

Datos educativos que priorizan a los estudiantes, pero con preguntas cerradas.

En el contexto de una guerra que desde la década de los 70 se ha peleado en nombre de la protección de los más jóvenes (Barrett, 2011; Rolles, 2011) el que el 75 por ciento de la muestra priorice a la niñez y a la juventud resulta significativo. Sin embargo, el entusiasmo decae al constatar que el 89.7 por ciento (N=377) de la misma parte de datos longitudinales, estudios transversales, y encuestas que miden la prevalencia y el riesgo del consumo de drogas en gente joven. De los 24 estudios que se basan en métodos de investigación cualitativos, menos de la mitad (N=10) incluyeron las percepciones y experiencias de niños, niñas, jóvenes, y educadores. Esto significa que lo que sabemos sobre la forma en que la criminalización y militarización que acarrea consigo la guerra contra las drogas modifica el día a día de las comunidades educativas se analiza fuera de publicaciones estrictamente académicas. 

Los hallazgos de esta revisión sistemática demuestran que en el campo educativo, la guerra en contra de las drogas es una guerra que ha sido invisibilizada. La literatura académica sobre educación tiende a ignorar las formas de inseguridad y violencia asociadas a esta guerra. A su vez niega los efectos adversos de la prohibición y la militarización y la forma en la que actores armados, tanto estatales como no estatales, dan forma a la experiencia educativa de niños y jóvenes a lo largo de la cadena de producción y demanda. Más preocupante resulta aún constatar que la investigación educativa repite las lógicas de la prohibición, esquivando el debate sobre enfoques alternativos inherentes al movimiento de reforma de política de drogas. 

Esta revisión sistemática es un primer paso para que quienes participamos en estas discusiones, ya sea desde el campo de la política de drogas o el campo de la política educativa, prestemos mayor atención desde enfoques teóricos y metodológicos diversos a los efectos de esta guerra sobre los cuerpos de educadores y estudiantes.

* Diana Rodriguez-Gomez, University of Wisconsin, Madison

Diana Rodríguez Gómez es profesora asistente del Departamento de estudios de política educativa en la universidad de Wisconsin-Madison, en los Estados Unidos. Su agenda de investigación está en la intersección entre los estudios de conflicto armado, construcción de paz y educación comparada. A través de un estudio de caso en Arauca su estudio más reciente examina el funcionamiento interno del sistema educativo colombiano en relación con los esfuerzos de construcción de paz en la ruralidad. Preocupada por los procesos de producción y ejecución de políticas estatales y educativas en situaciones de conflicto armado, su trabajo aborda la dimensión nacional y transnacional de la guerra de Colombia a través de metodologías etnográficas y visuales. Diana tiene un doctorado en Educación internacional y desarrollo de Teachers College, en la universidad de Columbia en Estados Unidos.

*  Maria José Bermeo, Universidad de los Andes

María José es profesora asistente en la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Ella tiene una Maestría en Educación y Desarrollo Internacional de la Facultad de Profesores de la Universidad de Columbia y una Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de St. Andrews. Sus intereses de investigación incluyen políticas y prácticas educativas en contextos impactados por el narcotráfico y la violencia urbana, educación sobre derechos humanos y pedagogías críticas, sistemas de resolución de conflictos en instituciones educativas, educación comparativa, educación urbana, capacitación de docentes y métodos de investigación cualitativos.

Actualmente, María José trabaja en el proyecto Drogas, consumo de drogas y educación en política de drogas en la Universidad de Los Andes.